DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN LAS DEDUCCIONES PERSONALES

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El derecho al mínimo vital ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el reconocimiento de una subsistencia digna y autónoma que involucre las condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias en función de la capacidad contributiva.

Este derecho fue reconocido jurisprudencialmente y se construyó a partir de los derechos previstos en los artículos 1, 3, 4, 6, 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el derecho internacional el mínimo vital también deriva del reconocimiento de otros derechos, previstos en los artículos 23 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y 7 del Protocolo de San Salvador.

Conforme a los citados dispositivos, toda persona tiene derecho al trabajo, con una remuneración equitativa y que le asegure, así como a su familia, una existencia digna, que será completada, en caso necesario, por otros medios de protección social. También se reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado que asegure la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; además de los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, o vejez.

Ahora, en la jurisprudencia 2a./J. 27/2017, la SCJN enunció que la circunstancia de que las erogaciones de las personas tengan alguna relación con derechos fundamentales o con los servicios básicos que el Estado se encuentra obligado a garantizar como la salud, la educación, el transporte, el retiro, o la vivienda, no implica que exista un derecho constitucionalmente tutelado para exigir que se brinde precisamente a través de la legislación fiscal.

De igual manera, el derecho al mínimo vital no obliga al Estado a prever la posibilidad de deducir sin limitante alguna gastos que no están vinculados con la generación del ingreso, que es el objeto del impuesto sobre la renta.

Sobre los ingresos que son objeto del ISR, conviene recordar que por ley algunos ingresos se encuentran exentos y al descontarlos del resto se obtienen los ingresos gravables, a los cuales se les pueden efectuar las deducciones correspondientes (utilidad fiscal) y a la cantidad resultante se resta la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las pérdidas fiscales pendientes de amortizar (utilidad gravable), y para calcular el ISR, al resultado se aplican las tarifas que señala el artículo 152 de la LISR.

Como se aprecia en la mecánica referida, la imposición del ISR no parte del ingreso bruto, sino de la utilidad real que queda de haber restado las cantidades erogadas como costo de generación del ingreso, es decir, las deducciones.

En relación con las deducciones deben distinguirse dos tipos de erogaciones:

1. Las necesarias para generar el ingreso del contribuyente, cuya autorización normativa es indispensable para salvaguardar la capacidad contributiva para concurrir al sostenimiento de los gastos públicos.

2. Las que no son necesarias para generar el ingreso, y obedecen a razones sociales, económicas o extrafiscales.

Las erogaciones vinculadas con la generación del ingreso (deducciones estructurales), se caracterizan principalmente porque adecuan el gravamen a las circunstancias personales del contribuyente. Mientras que el objetivo de las erogaciones no relacionadas con la generación del ingreso (no estructurales o beneficios fiscales), consiste en generar preferencias, o tienen finalidades específicas de la política fiscal del Estado o extrafiscales.

Las erogaciones que se consideran deducciones personales pertenecen a aquellas que no se encuentran vinculadas con la generación del ingreso y de acuerdo al artículo 151 de la LISR son las siguientes:

• Pagos por honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios, para el contribuyente, su cónyuge, concubina(o), ascendientes o descendientes.
• Gastos funerales que no excedan el salario mínimo elevado al año.
• Donativos no onerosos ni remunerativos.
• Intereses reales pagados por créditos hipotecarios para casa habitación, si el monto de otorgamiento no excede 750,000 unidades de inversión.
• Aportaciones complementarias o voluntarias de retiro, menores al equivalente a 5 salarios mínimos elevados al año, deducibles hasta por el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente.
• Primas por seguro de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de salud de las instituciones públicas, en que el beneficiario sea el contribuyente, su cónyuge, concubina(o), ascendientes o descendientes.
• Transportación escolar, si es obligatoria.
• Pago por impuesto local sobre ingresos al salario, si la tasa es más del 5%.

El mismo artículo 151 de la LISR establece un límite para las deducciones personales, en cuanto señala que el monto total de las deducciones personales no puede exceder de 4 salarios mínimos elevados al año, o del 10% del total de los ingresos, incluyendo aquellos por los que no se pague el impuesto.

Como lo definió la Corte en la jurisprudencia de rubro: «RENTA. EL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL», las deducciones personales, aun cuando tienen un impacto económico en el contribuyente, dado que corresponden a gastos que eroga para sí o para las personas de su familia, no son gastos estrictamente indispensables para generar los ingresos brutos.

Por tanto, el hecho de que se establezca un límite a las deducciones de carácter personal no vulnera el derecho al mínimo vital, ya que se trata de las prerrogativas elementales para que toda persona tenga una subsistencia digna.

Por ejemplo, en el derecho al agua potable, el mínimo vital es tener acceso a este líquido para cubrir necesidades elementales como beberlo y usarlo para el aseo personal, ya que de lo contrario se vería afectada la salud, sin embargo, el derecho de acceso al agua no llega al extremo de que una persona exija que se le proporcione una alberca, toda vez que el mínimo vital, al igual que ocurre con las deducciones, está estrechamente vinculado a condiciones de indispensabilidad.

En conclusión, el derecho al mínimo vital tiene gran trascendencia en la esfera jurídica de las personas, ya que conjunta derechos que otorgan las condiciones mínimas que se requieren para una digna subsistencia, y aunque atiende a la capacidad contributiva de los individuos, este derecho no necesariamente se tutela a través de la legislación fiscal, por lo que aun cuando las deducciones personales se encuentran relacionadas con derechos o prestaciones que impactan en la calidad de vida, los límites que establecidos en la LISR suponen los parámetros de indispensabilidad fijados por el legislador, sin que con ello se restringa la capacidad contributiva de una persona impidiéndole contar con lo requiere mínimamente para vivir dignamente.

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IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN LA NUEVA NORMALIDAD

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UNA NORMALIDAD INESPERADA

Antes de diciembre de 2019, cuando estalló el brote de COVID-19 en Wuhan, China, nuestra vulnerabilidad sanitaria era tema de ciencia ficción, enfrentar un virus potencialmente mortal con esa capacidad de esparcimiento era una posibilidad lejana.

La situación nos tomó por sorpresa, y nos impuso una normalidad que se fue reinventando en el día a día, aun cuando la comunidad científica ya lo había vaticinado. En 2015, en la conferencia para TED, Bill Gates nos advertía del riesgo de una epidemia en que los transmisores del virus se sintieran lo suficientemente bien como para transportarlo en sus actividades diarias.

En México, desde 2010, en la obra “Los futuros de la Salud en México 2050”, el Doctor Alonso Antonio Concheiro realizó un ejercicio de prospectiva, en que también advertía sobre la introducción al país de un virus desconocido de alta letalidad.

No obstante, en sólo cinco meses, del 26 de enero de 2020 en que se confirma el primer caso en México al 01 junio de 2020 en que se anunció la reactivación de las actividades esenciales, nos vimos en la necesidad de asimilar un cambio de visión y adoptar un comportamiento completamente ajeno, como si fuera habitual.

IMPACTO EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
El primer impacto se reflejó en los criterios proteccionistas adoptados en los juicios de amparo indirectos en que se reclamaba la omisión de emitir medidas sanitarias de contención, para evitar el contagio, detectar infectados, así como su propagación.

En esos asuntos, atendiendo a los supuestos de apariencia del buen derecho, peligro en la demora, y ponderando el interés social de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, se estimó que se debía dar preferencia al derecho a la salud y a la vida. Así, dado que el artículo 129, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que se siguen perjuicios al interés social o se contraviene del orden público, cuando se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, o el peligro de invasión de enfermedades exóticas; se resolvió decretar la suspensión para el efecto de que las autoridades comprobaran las acciones que han efectuado a fin de evitar la propagación.

El segundo impacto en los órganos de administración de justicia ocurrió con las señales del contagio en aumento, ya que las actividades habituales generan la concentración de personal jurisdiccional, litigantes y público general, en espacios cerrados, muchas veces climatizados, lo que aumenta el riesgo de contagio, por lo que a partir del 18 de marzo de 2020, decretaron la suspensión de las actividades y términos procesales.

El 30 de marzo de 2020, se declaró la emergencia sanitaria; y al día siguiente, se ordenó la suspensión de actividades no esenciales, además del resguardo domiciliario de la población. Siendo hasta el 12 de mayo de 2020, que se estableció una estrategia para la reapertura de las actividades, y se dispuso que los órganos jurisdiccionales debían elaborar protocolos sanitarios, capacitar al personal y sensibilizarlo para evitar conductas de discriminación.

Todas estas disposiciones se fueron decretando según el avance de la pandemia, y en esa misma inercia los órganos de administración de justicia diseñaron la manera de activar sus actividades de avance jurisdiccional, con la prioridad de evitar brotes del virus en sus instalaciones.

Para tal efecto, se suspendieron plazos y términos procesales, se dispusieron guardias para la atención de asuntos urgentes, implementaron estrategias de trabajo a distancia, fijaron lineamientos para el acceso limitado a las instalaciones, y otorgaron mayores facilidades a la tramitación en línea.

LA NUEVA NORMALIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Resulta irónico abordar el tema de una nueva “normalidad”, y referirnos a la adopción de hábitos que no formaban parte de nuestra vida; sin embargo, ante la permanencia de esta situación, se puede esperar el siguiente impacto en la impartición de justicia:

1. Aceleración de cambios y hábitos que comenzaron a gestarse mucho antes del COVID-19.
El desarrollo de las tecnologías aplicadas al universo jurídico no es nuevo, y sin duda esta etapa de confinamiento ha roto o debilitado aspectos de la resistencia al cambio que se tenía respecto a la tramitación electrónica.

La impartición de justicia involucra a juzgadores de amplia diversidad en experiencia y generaciones, por lo que esta situación destacó las habilidades que algunos habían desarrollado, mientras que a otros los introdujo a su familiarización, de forma autodidacta o mediante capacitaciones.

En relación con los litigantes, aun cuando la política jurisdiccional de diversos órganos se enfocó en facilitar el trámite electrónico, la tradición del papel continúa muy arraigada, sin importar los riesgos actuales. La tramitación en línea no ha sido lo suficientemente atractiva para todos, pues les resulta desconocida, y por tanto compleja, mientras que otros no cuentan con firma electrónica y los trámites de su obtención son aún más complicados en esta crisis sanitaria.

Sin embargo, a otros litigantes les abrió nuevas áreas de oportunidad, les permitió mantener la continuidad de sus actividades, con lo que favorecieron su captación de clientes y tuvieron mayores alcances territoriales.

Esta situación evidenció que queda mucho camino por recorrer en la modernización judicial.

En un primer paso, los órganos de administración de justicia replantearán su normativa para flexibilizar la tramitación electrónica, muestra de ello es que, durante la contingencia, por primera vez comenzaron a llevarse a cabo sesiones virtuales para la aprobación de los fallos definitivos, o la emisión del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura, que regula el trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias, cuyo considerando sexto indica que: “La justicia no puede seccionarse, de modo que resulta fundamental que funcione por igual en todos los asuntos, sin que exista ámbitos en los que la tecnología no facilite el acceso a la misma, y otros en los que ello sea así.”

Otro ejemplo, es el Acuerdo G/JGA/42/2020, emitido por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que indica que en el trabajo jurisdiccional se privilegiará el trabajo desde casa, como medida para evitar poner en riesgo la salud, con la premisa de asegurar que el servicio sea prestado de manera constante y regular.

Los esquemas habituales de impartición de justicia se asocian con la idea de legajos voluminosos, audiencias presenciales, alegatos de oídas, consultas aglomeradas en los estrados, no obstante, con el rediseño adecuado de la e-justicia, cualquiera de estas actividades puede ser realizada en línea.

El éxito de su aplicación se dará en la medida en que los sistemas sean amigables, ágiles y sin fallas de conectividad; otro factor serán las facilidades que se otorguen para su familiarización, como por ejemplo, tutoriales accesibles, la asistencia técnica adecuada, la capacitación y asimilación del uso desde a formación académica; mayor sencillez en la tramitación de la firma electrónica; y el acortamiento de los tiempos procesales.

2. Desarrollo y aprovechamiento de los motores de inferencia en la emisión de resoluciones.
En la solución de problemas, los sistemas electrónicos se rigen por reglas que determinan la elección de una opción entre un número diverso de posibilidades, la actual tecnología permite que estos sistemas cuenten con motores de inferencia capaces de aplicar con lógica las reglas que usamos al razonar.

Para obtener conclusiones, el motor de inferencia se vale de dos elementos comunes a nuestros procesos deliberativos: los datos que se conforman por los hechos o la evidencia propia del caso y el conocimiento que aplicado al derecho, que se conforma de las premisas contenidas principalmente en las normas, y jurisprudencias. Además se pueden alimentar y generarán nuevas conclusiones o más complejas, y detectar automáticamente la solución que se aplica a todos los casos similares, mediante la detección de expresiones comunes, sin necesidad de que éstas sean textuales.

Las ventajas que ofrecen las inteligencias artificiales aplicadas al universo jurídico harán la diferencia en la eficiencia y prontitud de los servicios que se presten en los sectores público y privado, más aun si se considera que con la tramitación electrónica los límites territoriales se desvanecen.

Como parte del impacto en la nueva normalidad, será más accesible la consultoría de asesores jurídicos virtuales, como por ejemplo, para clarificar los requisitos de ciertos trámites, o cómo proceder jurídicamente en situaciones de conflicto comunes, o para la elaboración de las promociones más frecuentes; así como en el sector público, en que se utilicen para resolver dudas sobre cualquier tipo de trámite administrativo, o para la emisión de resoluciones “de formato” o “de criterio reiterado”.

3. Regulación del trabajo a distancia.
Actualmente, no se han desarrollado con claridad o límites del trabajo a distancia, hasta antes de la emergencia sanitaria, la mayoría de los órganos de impartición de justicia tenían una metodología de trabajo de marcada presencia física en las oficinas, razón por la cual muchos de sus integrantes no estaban familiarizados con las plataformas que auxilian en el trabajo a distancia.

Debido a lo reciente de la priorización del trabajo a distancia no se han desarrollado metodologías claras para llevarlo a cabo, y en gran medida se ha realizado conforme la capacidad de adaptación del personal.

Otra necesidad que ha surgido con fuerza en los sectores publico y privado, es la limitación de la disponibilidad, a través de una adecuada regulación del trabajo en casa, pues la facilidad de estar comunicado las 24 horas ha propiciado, en muchas ocasiones, una desmedida laxitud en los horarios o la percepción de que estos desaparecen, para estar disponible a cualquier hora, y cualquier día.

En contraste, también deben ponderarse las consecuencias cuando alguno de los colaboradores con frecuencia evita estar comunicado o dificulta su localización en los horarios laborales, con el ánimo de limitar su participación en el trabajo a distancia.

4. Fortalecimiento de la capacitación virtual.
La continuidad en la necesidad de medidas de distanciamiento social tendrá un alto impacto en las actividades académicas, que tradicionalmente se han desarrollado un esquema de congregación.

La modalidad en línea, que ya se encontraba en auge, será la opción de continuidad, tanto para la impartición de licenciaturas, posgrados y cursos, entre otros, como para el fortalecimiento de los sistemas de carrera en los órganos de impartición de justicia.

5. Modificaciones a las reglas de disciplina y convivencia.
Las medidas sanitarias que se tomen en la reactivación de la actividad jurisdiccional tendrán un impacto en la forma en que conviviremos a partir de ahora, nuevos convencionalismos y formas de socializar en la cotidianidad surgirán; también reglas que eviten que antiguas costumbres nos pongan en riesgo; se acentuará el espacio personal; estas reglas de convivencia se irán clarificando sobre la práctica.

6. Mayor acceso a los medios alternativos de conciliación o conclusión de juicios.
Como parte del impacto de la emergencia sanitaria, se generarán las mejores condiciones para que tanto justiciables como impartidores de justicia consideren los medios alternativos de solución de controversias, como una forma acortada de conclusión, confiable y que ofrezca equilibrio entre los intereses de las partes, siempre y cuando se facilite el planteamiento de acuerdos de voluntades viables.
Estos medios generarán maneras innovadoras de reparación integral, por lo que se irán incluyendo en la legislación adjetiva de órganos jurisdiccionales que aún no los contemplen.

7. Mayor control en la clasificación de los asuntos.
El acortamiento de los horarios laborales presenciales, o mixtos con modalidad de trabajo en casa, exigirán que los impartidores de justicia tengan un mayor orden y control de los asuntos en el inventario, para lo cual deberán implementar políticas de resolución eficientes, clasificando los asuntos a su cargo por estado procesal, materias, cuantías, autoridades, o tipos de argumentos, como medida para agilizar su trámite y resolución, además de que con ello se fortalecerá la emisión de criterios homologados.